España: caricatura grotesca

  
   España es una monarquía, heredera del poder del franquismo, en la que el territorio está dividido en 17 Comunidades Autónomas de extensiones y poblaciones muy diversas. Las más pobladas son Andalucía y Cataluña con siete y seis millones de habitantes respectivamente; la menos poblada, la Rioja, que apenas pasa del cuarto de millón. Cada una con sus propios gobiernos y parlamentos, y sus competencias particulares en practicamente todos los ámbitos. El gobierno central conserva el control sobre la política exterior, que por otra parte es de obediencia servil a la política de USA, y la Defensa. Cataluña y el País Vasco tienen policía propia.
   La moralidad pública durante los 33 años de "democracia" ha brillado por su ausencia. Los casos de corrupción económica en todos los niveles de la administración pública y privada han proliferado sin control, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y municipal. La Hacienda Pública ha sido saqueada, los concursos de obras amañados a cambio de porcentajes y mordidas. Hasta el yerno del Rey ha sido imputado por desviar fondos de onegés a sus cuentas particulares. La información privilegiada, la falsificación de cuentas y los negocios sucios han enriquecido a una casta política, financiera y empresarial que ha tenido como pantalla leyes que han favorecido la opacidad. Los casos de apropiaciones indebidas, malversación de caudales públicos y demás delitos económicos y políticos se cuentan por centenares, sin que hasta el momento, a excepción de una ínfima minoría, hayan sido resueltos con devolución de lo robado o con cárcel.
   Todo esto ha ocurrido ante la complacencia de la mayoría de la población que no sólo no ha clamado contra estas lacras sino que las ha hecho suyas. "Si yo pudiera, haría lo mismo", ha sido la frase más oída cuando se ha sabido de estos delitos. La inmoralidad pública y la perversión de la ética privada, los egoísmos, la codicia, los particularismos... en suma, la búsqueda de ventajas ilegales por parte de grupos e individuos ha minado la credibilidad del sistema en su conjunto. Las falsas promesas y las mentiras de los políticos y financieros han aumentado aún más la desconfianza. La libertad se asienta en el poder, el dinero y las influencias, cuanto más de estos, más de aquella. Los derechos de los débiles son pisoteados por los fuertes. No es de extrañar que la gente descrea cada vez más de la Justicia, habida cuenta que de los cientos y cientos de procesos por delitos económicos y políticos sólo unos pocos se hayan resuelto con condenas firmes.
   Lo peor de la situación es la mentalidad generalizada de que todos van a lo mismo y que no se puede hacer nada. La confianza en las instituciones públicas más determinantes, como puedan ser el Parlamento y la Iglesia Católica, es cada vez menor. Apenas un treinta por ciento de la población aprueba su gestión. El fatalismo es el estado de conciencia dominante. El paro supera el 25 por ciento de la población que se mantiene gracias a los lazos familiares y a una economía sumergida en la que las leyes laborales y fiscales son papel mojado.